Sin datos confiables, no hay política para el campo (*)

Entre los temas que desnudó el conflicto agropecuario se destaca el desconocimiento sobre los cambios del sector y la falta de información adecuada por parte del Gobierno.

Por: Osvaldo Barsky

Entre los temas que desnudó el conflicto agrario se destaca el desconocimiento que sobre los agentes sociales de este sector tienen numerosos actores urbanos. Esta carencia incluye a intelectuales y funcionarios que arrastran anquilosadas visiones sobre el agro, ignorando su diversidad y los vigorosos procesos de modernización plasmados en las últimas décadas. Los continuos procesos de desconcentración de la propiedad de la tierra desde principios del siglo XX coexisten actualmente con otros de concentración del capital, plasmados en el aumento del tamaño de las unidades productivas mediante formas combinadas de tenencia de la tierra, lo que está estrechamente asociado al tipo de cambios tecnológicos que requieren mayores inversiones en insumos y maquinarias y/o contratación de servicios.

Esta combinación destaca la presencia relevante de actores como los contratistas de maquinarias y los contratistas tanteros (arrendatarios por una cosecha o un año) e impulsa el crecimiento de numerosas capas de pequeños y medianos propietarios rentistas. En las últimas tres décadas se consolidan asociaciones de inversores urbanos con organizadores de la producción (muchas veces profesionales) que toman tierras y reparten los excedentes entre los involucrados, conformando así la emergencia de miles de los llamados "pools de siembra".

Algunas pocas empresas articulan en mayor escala estos factores en redes productivas que permiten cubrir cantidades significativas de hectáreas en el país y en el exterior. Estos actores se suman a los propietarios que trabajan directamente sus unidades y a los obreros asalariados permanentes y transitorios que se ocupan en las unidades productivas y en las tareas desarrolladas por los contratistas.

En esta estructura agraria el capital y la tierra no se concentran en pocas unidades, sino que el capital en maquinaria está en buena parte segmentado en numerosos propietarios (contratistas), mientras que los inversores financian insumos (fertilizantes, agroquímicos, semillas) y la contratación de servicios de maquinaria y profesionales. La consolidación de una cantidad significativa de arrendadores de tamaño pequeño o mediano, implica un sistema de distribución de los excedentes agropecuarios muy particular, ya que la renta del suelo no aparece asociada, como en visiones tradicionales, a la presencia de grandes terratenientes.

Es esta estructura social compleja, articulada con los pueblos y ciudades del interior a través de los inversores y de la alta conexión con la provisión de servicios y bienes, lo que termina conformando un bloque extremadamente sólido, contra el cual se estrelló la estrategia del gobierno en relación al conflicto agrario. Porque además esta solidificación social, que explica el mantenimiento de la Mesa de Enlace, se construye a través de un sostenido crecimiento de la producción de cereales y oleaginosas que incorpora numerosos cambios tecnológicos, lo que redefine la centralidad de este sector en el conjunto de la sociedad nacional.

Esta situación fue reflejada por los Censos Agropecuarios de 1988 y 2002, y en base a los mismos se realizan la mayoría de los análisis sobre el agro. Sin embargo, la velocidad de los cambios productivos y sociales, requiere una información actualizada. De ahí la alta importancia de la realización del Censo Nacional Agropecuario previsto para este año, así como el mantenimiento de otras iniciativas contempladas en el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Desgraciadamente esta generación de información fue destruida por la barbarie institucional desatada en el INDEC, el organismo responsable de estas actividades.

La opinión pública ha centrado su mirada en la falsificación del índice inflacionario por el organismo, y mucho menos atención ha merecido un proceso tan grave como el anterior, como ha sido la no publicación de las encuestas nacionales agropecuarias relevadas en los últimos años, así como la grotesca implementación del Censo Agropecuario de 2008 que debió hacerse simultáneamente en todo el país durante el mes de junio, técnicamente la única forma de tener validez y del que sólo se ha recogido información en algo más del 10% de las unidades agropecuarias. Bajo la orientación ideológica del Secretario de Comercio Interior, las autoridades del INDEC le han dado al mismo un carácter de fuente de información fiscal directa, lo que garantiza la deformación de la información por los productores. Frente a ello sólo cabe suspender este operativo cuyos datos serán definitivamente irreales.

Estos procedimientos fueron realizados desplazando a los funcionarios responsables del análisis del sector agropecuario, varios de ellos de un gran reconocimiento nacional e internacional, por colaboradores de segundo nivel o por nuevo personal inexperto en el desarrollo de actividades censales de extrema complejidad conceptual que requieren de una larga experiencia institucional y una aceitada práctica en su instrumentación.

Definir acertadas políticas agropecuarias, desafíos en que se encuentran actualmente las nuevas autoridades de la Secretaría de Agricultura, requiere no sólo de voluntad política y capacidad técnica, sino también de adecuada información. Mientras un sector del Estado nacional intente redefinir políticas específicas, es esquizofrénico asistir impunemente a la metódica destrucción del sector del Estado que debe generar información confiable y sofisticada que sustente dichas iniciativas.

Los cambios en el INDEC no son solamente asociables al cese del manejo discrecional del Secretario de Comercio, sino que implican recuperar para sus profesionales de alto nivel el manejo de áreas sensibles de información. Sería importante que las organizaciones agrarias, el INTA, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, las universidades, asuman esta cuestión como imprescindible para recomponer el cuadro institucional que permita abordar los desafíos que el conflicto agropecuario puso en debate y que no han merecido una adecuada respuesta integral.

El autor de esta nota acaba de publicar en coautoría "La rebelión del campo" (Sudamericana).

(*) Publicado en Clarín 26/8/2008