Si los diarios y revistas constituyen el primer borrador de la historia, se podría decir que los libros periodísticos son el intento siguiente por acercarnos a un relato más definitivo del pasado.
En el marco de este año de celebraciones por las dos décadas de vida de NOTICIAS, esta semana se lanza la colección Biblioteca 20 Años, compuesta por algunos de los títulos más exitosos de este tiempo. Se trata de una colección pluralista, escrita por periodistas, políticos y pensadores de distintos estilos e ideologías. Y está compuesta por 15 obras elegidas con el concepto de que en su conjunto constituyen una buena síntesis de los hechos más trascendentes de estos 20 años y de sus personajes más representativos.
La primera entrega es “Los Kirchner. La política de la desmesura”, un libro de Joaquín Morales Solá que rescata el valor de la información y el análisis para entender al matrimonio que marcó a fuego los últimos años del país. Sale a los kioscos acompañado por un segundo libro, “NOTICIAS, 20 tapas emblemáticas”, que reúne las portadas y las respectivas notas de 20 de las investigaciones más recordadas de esta revista y está prologado por su fundador, Jorge Fontevecchia.
La colección, que tendrá una periodicidad semanal, se completa con los siguientes títulos: “El buen salvaje. Guillermo Moreno. La política del garrote”, de Diego Cabot y Francisco Olivera; “Robo para la corona”, de Horacio Verbitsky; “Memorias del incendio”, de Eduardo Duhalde; “Del Cabildo al Shopping”, de Enrique Pinti; “El hombre del camión. Hugo Moyano”, de Emilia Delfino y Mariano Martín; “Por qué crecen los países”, de José Ignacio García Hamilton; “El Coti. El dueño de todos los secretos”, de Darío Gallo y Gonzalo Álvarez Guerrero; “El último peronista. La cara oculta de Kirchner”, de Walter Curia; “La nueva izquierda”, de José Natanson; “La rebelión del campo”, de Osvaldo Barsky y Mabel Dávila; “El presente absoluto”, de Tomás Abraham; “Hablen con Julio. Julio de Vido y las historias ocultas del poder kirchnerista”, de Diego Cabot y Francisco Olivera; “La ilusión. El fracaso de la Alianza visto por dentro”, de Graciela Fernández Meijide. Y “Lista negra”, de José Pepe Eliaschev.
Revista Noticias 17/10/2009
sábado, 16 de enero de 2010
jueves, 19 de marzo de 2009
“La soja sigue siendo rentable”
Por Alejandro Bercovich
Barsky acaba de editar un libro –La rebelión del campo–, en el que pone una lupa crítica tanto sobre la Casa Rosada como en las entidades rurales.
Osvaldo Barsky, del conicet, derrumba mitos
El experto critica al Gobierno (“Moreno es un francotirador”) y a los ruralistas (“las entidades son anacrónicas”).
Osvaldo Barsky es economista, rosarino, especialista en sociología rural e investigador principal del Conicet. Pese a defender las retenciones móviles, acaba de publicar La rebelión del campo, un libro donde reivindica la pelea de los ruralistas contra la política agropecuaria del Gobierno. En este diálogo con Crítica de la Argentina, reparte palos entre unos y otros. Acusa al kirchnerismo de haber impulsado medidas “caóticas y equivocadas”, critica a las entidades del campo por “anacrónicas” y dice que Guillermo Moreno es “un francotirador que destruyó el rol del Estado en la economía”. También acusa al secretario de Comercio de haber transferido millones de pesos a los molinos y los frigoríficos a costa de los ganaderos. Pero asegura que salvo algunos arrendatarios que pagan caro el alquiler de sus campos, todos los productores de soja ganan plata con las retenciones actuales.
–¿Terminará alguna vez el conflicto con el campo?
–En los últimos meses se viene avanzando en ganadería, lechería y sequía, que son los tres temas más urgentes. Quienes tuvieron sequía son los que peor están, en Chaco y en la provincia de Buenos Aires. Y en ganadería hay un riesgo tremendo: la liquidación de vacas madre. En realidad lo que se está logrando es desmontar las medidas de Moreno y de la ONCCA, que fueron muy nocivas. Pero el Gobierno jamás va a admitir que sus medidas fueron caóticas, desacertadas y anárquicas. Si bien tenían la lógica de rebajar la carne para el mercado interno, no tenían que afectar tanto a las zonas de cría.
–¿Funcionaron al menos?
–Funcionaron en el sentido de abaratar la carne, pero eso a costa de pérdidas demasiado severas para los productores. Los frigoríficos y los molinos no perdieron nada. Recibieron transferencias de ingresos fortísimas. Hubo mucha distorsión, mucha arbitrariedad y no se hizo nada coherente. Pasamos del Instituto de Promoción de la Carne que gastó plata durante dos años para promover las exportaciones a una prohibición lisa y llana de exportar. Y eso tiene que ver con el poder omnímodo de un miembro del Gobierno que no sirve para nada, que es Moreno.
–¿No cree que el Estado deba intervenir en los mercados de alimentos?
–Sí, el Estado sí, pero Moreno no es el Estado. Es un francotirador que acumuló poder sin pensar en ningún momento en el mediano plazo siquiera. Destruyó el INDEC en un momento en que más que nunca es necesario tener buenos datos sobre la economía. Lo que la gente no notó es que mientras se proclamaba el fortalecimiento del Estado, lo que hubo es desmantelamiento. Y las transferencias de dinero que se hicieron no fueron ingenuas. Hay alianzas con sectores agroindustriales que se hicieron y son notorias.
–¿No fueron también demasiado inflexibles las entidades del campo?
–Tienen un problema eterno que es no trabajar en función de un plan agropecuario, sino simplemente resistir medidas del Estado, especialmente las impositivas. Son entidades anacrónicas, sin un programa integral. Tenemos un Estado y unas entidades que no piensan el largo plazo. Y por eso terminamos en un debate casi teológico sobre las retenciones sí o no.
–¿Eso justifica que un solo sector hable prácticamente de voltear al Gobierno?
–Si no llevan adelante ese discurso de guerra, serían barridos por unas bases que sólo reaccionaron a las retenciones móviles como una tercera suba consecutiva de impuestos en seis meses. A cada Moreno le corresponde un (Alfredo) De Angeli. Yo creo que los dos son malos para el campo. De Angeli está cortando hace tres años las rutas contra las papeleras y mucho tampoco logró.
–¿Cuánto debería cobrarse de retenciones?
–Estamos en el mismo nivel de precios internacionales y de costos en dólares que antes de la Resolución 125. Subió algo el dólar, pero también los insumos. Y en ese momento teníamos las mismas retenciones que hoy para trigo y maíz, y la soja pagaba el 27,5 por ciento. Entonces si uno racionalizara la discusión, el rango debería estar entre el 27,5 y el 35 por ciento.
–¿Móviles o fijas?
–Para mí las retenciones móviles son buenas. Pero siempre hay que afinar muy bien la escala. Si (el ex ministro Martín) Lousteau confiesa que pusieron una escala más alta que la que él buscaba porque Moreno presionaba para que se impusiera una fija del 63%, confiesa también su propio error. Tendría que haber estudiado mejor la realidad.
–¿Hoy es rentable la soja o no?
–Depende. Primero hay que ver si el productor arrienda. Hoy el INTA dice que el 40% de la tierra agrícola es arrendada. Ahí dentro están los pequeños arrendatarios pero también las 20 empresas que arriendan entre 30 y 130 mil hectáreas cada una. El otro 60% son propietarios. Con la suba de los precios, el arrendamiento llegó a 22 quintales por hectárea en efectivo. Se hizo carísimo y por eso algunos en la última campaña perdieron como en la guerra. Hoy se están compartiendo más los riesgos. Y la sequía agudizó ese proceso.
–¿Pero todos los arrendatarios pierden plata?
–No. Hoy si usted es arrendatario y llega a un buen acuerdo, puede sembrar y sigue haciendo negocio. Y si es propietario gana seguro.
–O sea que sigue conviniendo la soja a otros cultivos...
–Es que la soja sigue siendo muy ventajosa y rentable. Es una planta muy noble, tolera bien el clima, tiene muy buenos servicios asociados en el país y requiere menos inversión. La gente siembra soja no porque es mala, sino porque es inteligente.
–¿No hay riesgo de ir a un monocultivo?
–No. La soja avanzó pero no a costa de otros cultivos, sino por el avance de las tierras productivas. Se han corrido hacia el norte del país dos millones y medio de hectáreas y también se incorporaron otro millón y medio por el doble cultivo que se habilitó. Otro debate es el del glifosato y el abuso de los agroquímicos. Pero también habría que hacer estudios más serios que los que hacen los ecologistas.
“La nacionalización del comercio exterior se bastardeó”
–¿Sirve nacionalizar el comercio exterior de granos, como amagó hacer el Gobierno?
–Hay que separar lo técnico de lo político. Todos los países civilizados intervienen en esos mercados y (Domingo) Cavallo deshizo la Junta de Granos en forma brutal. Pero acá se iba a hacer desde la AFIP, que no tiene nada que ver con el sector. Y con su titular a la cabeza (Ricardo Echegaray), que ya demostró que no conoce nada del sector.
Yo creo que el debate hay que darlo y, de hecho, la junta antes de disolverse era para defender a los productores. Pero esta vez fue propuesto como un chantaje del Gobierno. Es una forma de bastardear una iniciativa que en otro momento podría haberse discutido mejor. Igual que la producción de carne.
Publicado en Crítica 15/03/09
Barsky acaba de editar un libro –La rebelión del campo–, en el que pone una lupa crítica tanto sobre la Casa Rosada como en las entidades rurales.
Osvaldo Barsky, del conicet, derrumba mitos
El experto critica al Gobierno (“Moreno es un francotirador”) y a los ruralistas (“las entidades son anacrónicas”).
Osvaldo Barsky es economista, rosarino, especialista en sociología rural e investigador principal del Conicet. Pese a defender las retenciones móviles, acaba de publicar La rebelión del campo, un libro donde reivindica la pelea de los ruralistas contra la política agropecuaria del Gobierno. En este diálogo con Crítica de la Argentina, reparte palos entre unos y otros. Acusa al kirchnerismo de haber impulsado medidas “caóticas y equivocadas”, critica a las entidades del campo por “anacrónicas” y dice que Guillermo Moreno es “un francotirador que destruyó el rol del Estado en la economía”. También acusa al secretario de Comercio de haber transferido millones de pesos a los molinos y los frigoríficos a costa de los ganaderos. Pero asegura que salvo algunos arrendatarios que pagan caro el alquiler de sus campos, todos los productores de soja ganan plata con las retenciones actuales.
–¿Terminará alguna vez el conflicto con el campo?
–En los últimos meses se viene avanzando en ganadería, lechería y sequía, que son los tres temas más urgentes. Quienes tuvieron sequía son los que peor están, en Chaco y en la provincia de Buenos Aires. Y en ganadería hay un riesgo tremendo: la liquidación de vacas madre. En realidad lo que se está logrando es desmontar las medidas de Moreno y de la ONCCA, que fueron muy nocivas. Pero el Gobierno jamás va a admitir que sus medidas fueron caóticas, desacertadas y anárquicas. Si bien tenían la lógica de rebajar la carne para el mercado interno, no tenían que afectar tanto a las zonas de cría.
–¿Funcionaron al menos?
–Funcionaron en el sentido de abaratar la carne, pero eso a costa de pérdidas demasiado severas para los productores. Los frigoríficos y los molinos no perdieron nada. Recibieron transferencias de ingresos fortísimas. Hubo mucha distorsión, mucha arbitrariedad y no se hizo nada coherente. Pasamos del Instituto de Promoción de la Carne que gastó plata durante dos años para promover las exportaciones a una prohibición lisa y llana de exportar. Y eso tiene que ver con el poder omnímodo de un miembro del Gobierno que no sirve para nada, que es Moreno.
–¿No cree que el Estado deba intervenir en los mercados de alimentos?
–Sí, el Estado sí, pero Moreno no es el Estado. Es un francotirador que acumuló poder sin pensar en ningún momento en el mediano plazo siquiera. Destruyó el INDEC en un momento en que más que nunca es necesario tener buenos datos sobre la economía. Lo que la gente no notó es que mientras se proclamaba el fortalecimiento del Estado, lo que hubo es desmantelamiento. Y las transferencias de dinero que se hicieron no fueron ingenuas. Hay alianzas con sectores agroindustriales que se hicieron y son notorias.
–¿No fueron también demasiado inflexibles las entidades del campo?
–Tienen un problema eterno que es no trabajar en función de un plan agropecuario, sino simplemente resistir medidas del Estado, especialmente las impositivas. Son entidades anacrónicas, sin un programa integral. Tenemos un Estado y unas entidades que no piensan el largo plazo. Y por eso terminamos en un debate casi teológico sobre las retenciones sí o no.
–¿Eso justifica que un solo sector hable prácticamente de voltear al Gobierno?
–Si no llevan adelante ese discurso de guerra, serían barridos por unas bases que sólo reaccionaron a las retenciones móviles como una tercera suba consecutiva de impuestos en seis meses. A cada Moreno le corresponde un (Alfredo) De Angeli. Yo creo que los dos son malos para el campo. De Angeli está cortando hace tres años las rutas contra las papeleras y mucho tampoco logró.
–¿Cuánto debería cobrarse de retenciones?
–Estamos en el mismo nivel de precios internacionales y de costos en dólares que antes de la Resolución 125. Subió algo el dólar, pero también los insumos. Y en ese momento teníamos las mismas retenciones que hoy para trigo y maíz, y la soja pagaba el 27,5 por ciento. Entonces si uno racionalizara la discusión, el rango debería estar entre el 27,5 y el 35 por ciento.
–¿Móviles o fijas?
–Para mí las retenciones móviles son buenas. Pero siempre hay que afinar muy bien la escala. Si (el ex ministro Martín) Lousteau confiesa que pusieron una escala más alta que la que él buscaba porque Moreno presionaba para que se impusiera una fija del 63%, confiesa también su propio error. Tendría que haber estudiado mejor la realidad.
–¿Hoy es rentable la soja o no?
–Depende. Primero hay que ver si el productor arrienda. Hoy el INTA dice que el 40% de la tierra agrícola es arrendada. Ahí dentro están los pequeños arrendatarios pero también las 20 empresas que arriendan entre 30 y 130 mil hectáreas cada una. El otro 60% son propietarios. Con la suba de los precios, el arrendamiento llegó a 22 quintales por hectárea en efectivo. Se hizo carísimo y por eso algunos en la última campaña perdieron como en la guerra. Hoy se están compartiendo más los riesgos. Y la sequía agudizó ese proceso.
–¿Pero todos los arrendatarios pierden plata?
–No. Hoy si usted es arrendatario y llega a un buen acuerdo, puede sembrar y sigue haciendo negocio. Y si es propietario gana seguro.
–O sea que sigue conviniendo la soja a otros cultivos...
–Es que la soja sigue siendo muy ventajosa y rentable. Es una planta muy noble, tolera bien el clima, tiene muy buenos servicios asociados en el país y requiere menos inversión. La gente siembra soja no porque es mala, sino porque es inteligente.
–¿No hay riesgo de ir a un monocultivo?
–No. La soja avanzó pero no a costa de otros cultivos, sino por el avance de las tierras productivas. Se han corrido hacia el norte del país dos millones y medio de hectáreas y también se incorporaron otro millón y medio por el doble cultivo que se habilitó. Otro debate es el del glifosato y el abuso de los agroquímicos. Pero también habría que hacer estudios más serios que los que hacen los ecologistas.
“La nacionalización del comercio exterior se bastardeó”
–¿Sirve nacionalizar el comercio exterior de granos, como amagó hacer el Gobierno?
–Hay que separar lo técnico de lo político. Todos los países civilizados intervienen en esos mercados y (Domingo) Cavallo deshizo la Junta de Granos en forma brutal. Pero acá se iba a hacer desde la AFIP, que no tiene nada que ver con el sector. Y con su titular a la cabeza (Ricardo Echegaray), que ya demostró que no conoce nada del sector.
Yo creo que el debate hay que darlo y, de hecho, la junta antes de disolverse era para defender a los productores. Pero esta vez fue propuesto como un chantaje del Gobierno. Es una forma de bastardear una iniciativa que en otro momento podría haberse discutido mejor. Igual que la producción de carne.
Publicado en Crítica 15/03/09
domingo, 15 de febrero de 2009
No se puede negociar pensando en las elecciones
Entrevista a Osvaldo Barsky
Por: Silvia Naishtat
Por el bien de los productores, la dirigencia agraria y el Gobierno deberían olvidarse de las elecciones de octubre. No se puede negociar pensando en las elecciones". Lo dice Osvaldo Barsky, investigador principal del Conicet y una de las escasas figuras de consulta por parte de las entidades y el Gobierno.
Se postergó la protesta pero sigue la bronca de los productores...
Los productores hacen una sola síntesis y no se ponen a discriminar cuánto pierden por la sequía y cuánto por la política negativa del gobierno. Hay situaciones muy dispares. A los más grande no se les mueren los animales, tienen alimentos, riego complementario y seguro contra sequía. Pero el resto está desprotegido.
¿Cómo evalúa la política del Gobierno hacia el campo?
Tiene una política fraccionada, aunque ha dado algunas señales como la baja de retenciones en maíz y trigo, el apoyo a la compra de maquinaria y puso a varios gobernadores e intendentes a auxiliar a los más complicados. Pero le falta ir con más fuerza y más recursos. A la sequía hay que tratarla como si fuera un brote de aftosa, con todos los recursos atrás y asistiendo a los afectados.
¿Hay que suspender las retenciones a la soja?
El Gobierno está al límite de la situación fiscal y en el caso de la soja implica una transferencia de recursos a los guardaron unas 8 millones de toneladas. Creo que se debe avanzar en apagar el incendio. Y canalizar la política hacia el sector en un solo lugar, como la secretaría de Agricultura, en vez de dispersar las medidas a través de varios organismos.
¿Se refiere a Guillermo Moreno?
Sí. Me parece que no hay perder la oportunidad de presentar una un plan nacional agropecuario. Los estudios están. Hay que buscar la perspectiva de largo plazo.
Para esta nueva ronda de negociaciones, las entidades hacen eje en retenciones ¿se va a un nuevo fracaso?
La Mesa de Enlaces tiene la imagen de que el Estado les saca y no les devuelve. Pero hay un montón de devoluciones al sector agropecuario vía el INTA, infraestructura, el SENASA, las universidades. Es posible que el balance sea desproporcionado, pero no se puede encarar una negociación con la dinámica del todo o nada. Es cierto que las políticas son insuficientes y parciales, pero si se avanza, tanto del Gobierno como de las entidades, a una escalada del conflicto, se termina perjudicando los productores.
Publicado en Clarín 15/01/09
Por: Silvia Naishtat
Por el bien de los productores, la dirigencia agraria y el Gobierno deberían olvidarse de las elecciones de octubre. No se puede negociar pensando en las elecciones". Lo dice Osvaldo Barsky, investigador principal del Conicet y una de las escasas figuras de consulta por parte de las entidades y el Gobierno.
Se postergó la protesta pero sigue la bronca de los productores...
Los productores hacen una sola síntesis y no se ponen a discriminar cuánto pierden por la sequía y cuánto por la política negativa del gobierno. Hay situaciones muy dispares. A los más grande no se les mueren los animales, tienen alimentos, riego complementario y seguro contra sequía. Pero el resto está desprotegido.
¿Cómo evalúa la política del Gobierno hacia el campo?
Tiene una política fraccionada, aunque ha dado algunas señales como la baja de retenciones en maíz y trigo, el apoyo a la compra de maquinaria y puso a varios gobernadores e intendentes a auxiliar a los más complicados. Pero le falta ir con más fuerza y más recursos. A la sequía hay que tratarla como si fuera un brote de aftosa, con todos los recursos atrás y asistiendo a los afectados.
¿Hay que suspender las retenciones a la soja?
El Gobierno está al límite de la situación fiscal y en el caso de la soja implica una transferencia de recursos a los guardaron unas 8 millones de toneladas. Creo que se debe avanzar en apagar el incendio. Y canalizar la política hacia el sector en un solo lugar, como la secretaría de Agricultura, en vez de dispersar las medidas a través de varios organismos.
¿Se refiere a Guillermo Moreno?
Sí. Me parece que no hay perder la oportunidad de presentar una un plan nacional agropecuario. Los estudios están. Hay que buscar la perspectiva de largo plazo.
Para esta nueva ronda de negociaciones, las entidades hacen eje en retenciones ¿se va a un nuevo fracaso?
La Mesa de Enlaces tiene la imagen de que el Estado les saca y no les devuelve. Pero hay un montón de devoluciones al sector agropecuario vía el INTA, infraestructura, el SENASA, las universidades. Es posible que el balance sea desproporcionado, pero no se puede encarar una negociación con la dinámica del todo o nada. Es cierto que las políticas son insuficientes y parciales, pero si se avanza, tanto del Gobierno como de las entidades, a una escalada del conflicto, se termina perjudicando los productores.
Publicado en Clarín 15/01/09
El gobierno argentino perdió la batalla mediática
La cuestión. ¿De qué campo se está hablando cuando se está hablando del campo argentino ?
La respuesta / "La rebelión del campo"
El anuncio el 11 de marzo de 2008 del aumento de las retenciones para algunos sectores del agro argentino, disparó el mayor enfrentamiento que debió soportar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con bastante sentido de la oportunidad, Osvaldo Barsky y Mabel Dávila trazan en La rebelión del campo (Sudamericana, 370 pesos) un completo análisis sobre las razones y las consecuencias de dichas movilizaciones y la capacidad de reacción del gobierno argentino. Hay desde antecedentes de otros conflictos a una cronología detallada de lo que sucedió cuando el campo se enfrentó a la Casa Rosada.
El conflicto agrario cristalizó distintas formas de representación de la realidad, de acuerdo con la mirada gubernamental o de los dirigentes agrarios, estilizada por comunicadores e intelectuales, o traducida a lenguajes de batalla por dirigentes musicales.
Una primera imagen que quedó instalada es que se trataba de una rebelión "del campo". La expresión no sólo es de fácil identificación popular sino que además recoge una dimensión histórica profunda, socialmente instalada, que vincula a un pasado nada lejano de gauchos, trabajadores criollos y chacareros inmigrantes que construyeron una parte decisiva de la Argentina moderna. El flamear de banderas argentinas como autorrepresentación del "campo" fue en la dirección del concepto de patria. El gobierno contestó en permanentes spots publicitarios que "la patria somos todos", aludiendo a sus políticas de obra pública, pero la batalla mediática estaba perdida. ´
Estaba perdida porque el concepto "campo" desde el comienzo de la rebelión atravesó no meramente a la gente que vive o trabaja en zonas rurales, sino que incluyó a la gran mayoría de los habitantes de los pueblos y las ciudades más directamente vinculados a las actividades agropecuarias. Un vasto frente de productores en sus diversas gamas, transportistas, comerciantes, profesionales, obreros, empleados e industriales de empresas generadoras de maquinarias y servicios agropecuarios, se movilizó no solamente en las rutas sino dentro de los mismos centros poblados. La gran cantidad de intendentes que se declararon solidarios con este movimiento es la expresión de cuánto fueron afectadas las expresiones políticas por la profundidad y persistencia del mismo. Por lo tanto, en este nivel la palabra "campo" pasó a leerse rápidamente como "interior", y de hecho el cuestionamiento de la recaudación fiscal de la retenciones como no coparticipable con las provincias y los municipios fue una barrera rápidamente incorporada.
Se ha querido reducir la magnitud del conflicto destacando que en realidad no involucró a una gran cantidad de productores no afectados por las medidas, ya que el aumento de las retenciones se aplicó solamente a los productores de maíz, trigo, girasol y soja. Esta afirmación es válida en el sentido de que hay efectivamente productores de tabaco, yerba mate, frutales, caña de azúcar y otros productos de los llamados cultivos industriales que no están involucrados. Sin embargo el hecho de que los productores de los cuatro grandes cultivos cubran casi 66% del territorio implantado con cultivos, y de que en términos numéricos sean el 40% de las unidades agropecuarias, además de su peso gigantesco en términos del volumen de producción, abastecimiento del mercado interno y exportaciones, es suficiente para destacar la enorme base social y económica movilizada.
Se ha querido también constreñir el arco de sectores sociales involucrados apelando a sucesivas identificaciones sociales -"oligarquía", "terratenientes" fueron inicialmente los preferidos-, pero el cuadro social reflejado implacablemente por la televisión impedía aunque sea visualmente quedarse con esta imagen, más allá de sectores acomodados de la ciudad de Buenos Aires que podían impresionar con sus cacerolas en Callao y Santa Fe, pero que no representaban a la movilización en términos de su amplitud social. Lo suficientemente vaga y casi fantasmagórica para impresionar a una opinión pública normalmente muy desinformada de los agentes económicos que operan en la realidad agraria argentina. En menor medida algunos carteles hablaban de "gringos amarretes", intentando capturar las incómodas imágenes que De Ángeli y otros productores transmitían y no encajaban en esta demonización de los grandes propietarios de tierras primero, de capital después.
Sin embargo, estas perspectivas impedían entender cómo era posible que entidades a las que se le atribuye representar a sujetos sociales e intereses diferentes como Federación Agraria Argentina o Sociedad Rural se mantuvieran unidas con una llamativa coherencia. El tema está, indudablemente, asociado al manejo poco feliz del conflicto por parte del gobierno, incluyendo varios dirigentes partidarios que fatigaron los medios, al igual que los dirigentes rurales, con ríspidas declaraciones.
Vuelven los paros
El "campo", disconforme con la emergencia anunciada por Cristina Kirchner, reclama más medidas y prepara paros como protesta. Mientras la Federación Agraria pretende movilizaciones ahora, las demás entidades quieren postergarlas para marzo.
Publicado en el Suplemento Que Pasa de El País 31/1/09
La respuesta / "La rebelión del campo"
El anuncio el 11 de marzo de 2008 del aumento de las retenciones para algunos sectores del agro argentino, disparó el mayor enfrentamiento que debió soportar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con bastante sentido de la oportunidad, Osvaldo Barsky y Mabel Dávila trazan en La rebelión del campo (Sudamericana, 370 pesos) un completo análisis sobre las razones y las consecuencias de dichas movilizaciones y la capacidad de reacción del gobierno argentino. Hay desde antecedentes de otros conflictos a una cronología detallada de lo que sucedió cuando el campo se enfrentó a la Casa Rosada.
El conflicto agrario cristalizó distintas formas de representación de la realidad, de acuerdo con la mirada gubernamental o de los dirigentes agrarios, estilizada por comunicadores e intelectuales, o traducida a lenguajes de batalla por dirigentes musicales.
Una primera imagen que quedó instalada es que se trataba de una rebelión "del campo". La expresión no sólo es de fácil identificación popular sino que además recoge una dimensión histórica profunda, socialmente instalada, que vincula a un pasado nada lejano de gauchos, trabajadores criollos y chacareros inmigrantes que construyeron una parte decisiva de la Argentina moderna. El flamear de banderas argentinas como autorrepresentación del "campo" fue en la dirección del concepto de patria. El gobierno contestó en permanentes spots publicitarios que "la patria somos todos", aludiendo a sus políticas de obra pública, pero la batalla mediática estaba perdida. ´
Estaba perdida porque el concepto "campo" desde el comienzo de la rebelión atravesó no meramente a la gente que vive o trabaja en zonas rurales, sino que incluyó a la gran mayoría de los habitantes de los pueblos y las ciudades más directamente vinculados a las actividades agropecuarias. Un vasto frente de productores en sus diversas gamas, transportistas, comerciantes, profesionales, obreros, empleados e industriales de empresas generadoras de maquinarias y servicios agropecuarios, se movilizó no solamente en las rutas sino dentro de los mismos centros poblados. La gran cantidad de intendentes que se declararon solidarios con este movimiento es la expresión de cuánto fueron afectadas las expresiones políticas por la profundidad y persistencia del mismo. Por lo tanto, en este nivel la palabra "campo" pasó a leerse rápidamente como "interior", y de hecho el cuestionamiento de la recaudación fiscal de la retenciones como no coparticipable con las provincias y los municipios fue una barrera rápidamente incorporada.
Se ha querido reducir la magnitud del conflicto destacando que en realidad no involucró a una gran cantidad de productores no afectados por las medidas, ya que el aumento de las retenciones se aplicó solamente a los productores de maíz, trigo, girasol y soja. Esta afirmación es válida en el sentido de que hay efectivamente productores de tabaco, yerba mate, frutales, caña de azúcar y otros productos de los llamados cultivos industriales que no están involucrados. Sin embargo el hecho de que los productores de los cuatro grandes cultivos cubran casi 66% del territorio implantado con cultivos, y de que en términos numéricos sean el 40% de las unidades agropecuarias, además de su peso gigantesco en términos del volumen de producción, abastecimiento del mercado interno y exportaciones, es suficiente para destacar la enorme base social y económica movilizada.
Se ha querido también constreñir el arco de sectores sociales involucrados apelando a sucesivas identificaciones sociales -"oligarquía", "terratenientes" fueron inicialmente los preferidos-, pero el cuadro social reflejado implacablemente por la televisión impedía aunque sea visualmente quedarse con esta imagen, más allá de sectores acomodados de la ciudad de Buenos Aires que podían impresionar con sus cacerolas en Callao y Santa Fe, pero que no representaban a la movilización en términos de su amplitud social. Lo suficientemente vaga y casi fantasmagórica para impresionar a una opinión pública normalmente muy desinformada de los agentes económicos que operan en la realidad agraria argentina. En menor medida algunos carteles hablaban de "gringos amarretes", intentando capturar las incómodas imágenes que De Ángeli y otros productores transmitían y no encajaban en esta demonización de los grandes propietarios de tierras primero, de capital después.
Sin embargo, estas perspectivas impedían entender cómo era posible que entidades a las que se le atribuye representar a sujetos sociales e intereses diferentes como Federación Agraria Argentina o Sociedad Rural se mantuvieran unidas con una llamativa coherencia. El tema está, indudablemente, asociado al manejo poco feliz del conflicto por parte del gobierno, incluyendo varios dirigentes partidarios que fatigaron los medios, al igual que los dirigentes rurales, con ríspidas declaraciones.
Vuelven los paros
El "campo", disconforme con la emergencia anunciada por Cristina Kirchner, reclama más medidas y prepara paros como protesta. Mientras la Federación Agraria pretende movilizaciones ahora, las demás entidades quieren postergarlas para marzo.
Publicado en el Suplemento Que Pasa de El País 31/1/09
viernes, 9 de enero de 2009
La rebelión del campo, un libro para entender el conflicto entre el gobierno y el agro argentinos
Conexión Tecnológica 278
Blasina&Tardáguila Consultores Asociados
www.elagro.com
Por Carlos López Matteo
El martes, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Argentina postergó hasta marzo una decisión sobre el retorno a las rutas y la radicalización del conflicto que mantiene el agro de ese país con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
"Hemos sido ignorados por muchos funcionarios, pero especialmente por el matrimonio gobernante; el vicepresidente Julio Cobos no es recibido por ningún estamento por haber votado como lo hizo el 17 de julio. ¿Qué otra cosa que no sea vengarse está haciendo el gobierno?", dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, según el diario La Nación. "Hay un vacío inexplicable, nos sentimos discriminados e ignorados", sostuvo Alejandro Delfino, vicepresidente de la Sociedad Rural. "Tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos y vamos a seguir bregando por esa gran mesa de discusión y debate que se nos ha venido negando", remató el vicepresidente de la Federación Agraria, Pablo Orsolini.
La decisión descomprime por algunas semanas la posibilidad de que el diferendo vuelva alcanzar la intensidad que tuvo el año pasado, como querían los sectores más radicales del campo argentino, pero es una reiteración de que el problema no está resuelto, ni mucho menos.
Con una mirada uruguaya es difícil entender los extremos a los que se ha llegado en el vecino país, en particular por las diferentes vías institucionales que se manejan en ambas márgenes de los ríos limítrofes para zanjar las diferencias y llegar a acuerdos.
Para ayudar a entender el tema, tanto en las grandes urbes argentinas, alejadas de los problemas del campo, como en Uruguay, resulta muy útil un libro que tuvo muy buena acogida del otro lado del charco y que ahora comienza a venderse aquí. Se trata de La rebelión del campo, editado por Sudamericana, cuyos autores son Osvaldo Barsky y Mabel Dávila.
Barsky es magíster en sociología rural, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, docente de posgrados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y otras universidades argentinas, consultor de organismos internacionales y autor de numerosas publicaciones sobre el agro de su país y el latinoamericano. Dávila, por su parte, es una ingeniera agrónoma uruguaya radicada en Argentina, magíster en ciencias sociales con estudios en agronegocios, docente de posgrados en la FLACSO y otras universidades argentinas y extranjeras, y es autora de diversas obras sobre el comercio internacional agrícola, la tecnología y la educación agraria; además, integra el Área de Estudios Agrarios de la Universidad de Belgrano.
La rebelión del campo
El libro de Barsky y Dávila, por lejos el que mayor suceso ha tenido entre los tres que aparecieron en Argentina sobre este tema, tiene el gran mérito de su objetividad, pues va planteando el análisis en base a hechos indiscutibles, y las opiniones que se dan, en su justa medida, surgen sólidas e incontrastables del relato de esos mismos hechos. Además, los autores rechazan los radicalismos que se dieron por ambas partes y apuntan a la racionalidad y al diálogo; sin perjuicio de lo anterior, se deduce que responsabilizan en mayor medida al gobierno del matrimonio K, puesto que también son mayores su relevancia y su papel en la vida y el desarrollo del país.
En este sentido, en la Introducción se afirma: “Específicamente, en relación con la situación agraria, la responsabilidad esencial comienza por el rol del Estado y las políticas públicas, y por la imperiosa necesidad de construir gestiones institucionales de calidad técnica adecuada; pero las organizaciones agrarias de distinta naturaleza tienen un desafío enorme por transformar sus tradicionales políticas de resistencia a impuestos y reclamos fragmentarios y parciales, en aportes integrales que contemplen necesariamente los intereses del conjunto de la sociedad”. Y así como se critican las “provocaciones” del piquetero kirchnerista Luis D’Elía, también se censuran los “escraches” realizados por rurales ante los domicilios de legisladores oficialistas.
Pero para el lector que busque entender el conflicto en todas sus vertientes, el gran mérito de La rebelión del campo es la contextualización que brinda. La explicación de las grandes transformaciones que ha tenido el agro argentino, desde el siglo XIX en lo que se refiere a la institucionalidad, y en especial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el plano productivo, conduce ágilmente al lector a través de un proceso complejo que ofrece el casi permanente divorcio entre las autoridades y el campo. Así, hasta llegar a las grandes transformaciones estructurales de los últimos años: los avances tecnológicos, los nuevos actores (contratistas, pools de siembra, rentistas), la integración en todos los planos que se da entre los productores y los habitantes de ciudades y pueblos del interior, la heterogeneidad productiva, económica y social del agro, y las nuevas formas de asociación entre el capital y la tierra.
En este último plano, el libro rompe mitos que han sido usados por el gobierno y algunos intereses ideológicos, entre ellos el referido a la concentración de la propiedad de la tierra: con cifras de fuentes insospechadas, se demuestra que no es tal, sino que lo que ha ocurrido es una concentración de la producción a través de sistemas como el arrendamiento, la medianería o acuerdos con los contratistas de maquinarias, entre otras formas posibles.
Particularmente interesante e ilustrativo de las dificultades que tiene el agro para dialogar con el gobierno es el capítulo titulado “La soja no es un yuyo”. La oposición a la oleaginosa fue uno de los caballitos de batalla del matrimonio K durante el conflicto, y la presidenta, en uno de sus discursos, dijo textualmente el 31 de marzo de 2008: “El otro día charlaba con alguien y me decía que la soja es, en términos científicos, prácticamente un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales”.
Los autores refutan esta ligereza, hacen una historia del cultivo, reseñan los avances tecnológicos, sobre todo con los transgénicos y el glifosato, y desmienten, con datos concretos, que la expansión de la soja haya afectado significativamente otros cultivos y puesto en peligro el abastecimiento de alimentos al pueblo argentino.
En otros capítulos se explican la expansión productiva del agro pampeano, los sujetos sociales, los cambios en los mercados mundiales de alimentos, el tema de las retenciones que hizo eclosionar un conflicto latente desde tiempo atrás, el deterioro de la institucionalidad agraria oficial, los desafíos hacia el futuro, conclusiones y cuadros estadísticos.
Cabe destacar el capítulo dedicado a la cronología del conflicto, de marzo a julio del año pasado, que en La rebelión del campo difiere de las habituales, que sólo marcan fechas y un hecho concreto, en a lo sumo dos o tres líneas. En este caso, la cronología ocupa 92 páginas, porque casi día a día se mencionan los acontecimientos, pero también el contexto en el que se producen, las repercusiones a todo nivel y las reacciones de las partes. En este sentido, este capítulo constituye uno de los aspectos más interesantes de la obra, tanto por servir de ayuda memoria, como por el aporte que realiza a la comprensión del desarrollo del largo diferendo.
Lo que vendrá
Dávila, quien en estos días combina en Montevideo vacaciones con trabajo, dijo a Conexión Tecnológic@ que “el conflicto quedó latente, en medio de una situación muy compleja”. La ingeniera agrónoma uruguaya no se atreve a pronosticar un desenlace por la multiplicidad de factores que lo condicionan: el diálogo interrumpido, la crisis internacional que modificó sustancialmente la situación imperante entre marzo y julio, la sequía que también afecta a amplias zonas de Argentina, y el hecho de que 2009 sea un año de elecciones de mitad de período, entre los principales.
La experta mencionó las versiones que hablan de la formación de un partido rural o agrario, o de la posibilidad de que algunos líderes de las gremiales agropecuarias se presenten como candidatos a diputados con la intención de incidir en el Parlamento.
Al respecto, el 3 de este mes el diario Clarín le hizo una entrevista a Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria y uno de los rostros más visibles del conflicto. Lo siguiente es parte del diálogo entre el dirigente y el periodista:
“¿Así que podría ser candidato?
“No lo descarto pero tampoco lo afirmo. Sí puedo decir que voy a hacer todo lo posible para que haya gente de la Federación Agraria compitiendo en diferentes provincias. Nuestra responsabilidad es instalar en las opciones electorales los contenidos que pudimos sostener en las rutas. Hay que hablar del problema agropecuario y lograr que los diferentes partidos digan cómo lo van a resolver.
“¿Pero a usted siempre le picó el bichito de la política?
“Todo gremialista o sindicalista tiene vocación política. Todos venimos con una ideología y formación. Pero yo tengo un estricto y profundo sentido de pertenencia. Y no existo si no es por el gremio a que pertenezco. Buzzi no existe si no es por el apellido de casado: Buzzi, de Federación Agraria.
“¡Qué vueltero! ¿Entonces?
“Entonces no descarto una candidatura en 2009, pero no será una decisión individual. Si no hay consenso entre los federados, no seré candidato a nada. Me considero joven todavía para suicidarme. Y además hay que ver candidato con quién. No perdería la coherencia ideológica. Uno no puede ir de una cuneta a la otra. Y yo pertenezco al campo popular.
“La decisión de competir electoralmente, ¿tiene que ver con que las entidades del campo siguen sin diálogo con el Gobierno?
“No mezclemos las cosas. Cuando se oficialice alguna candidatura será ese ciudadano el que la asuma. Pero la Federación Agraria seguirá siendo una organización capaz de oponerse a las políticas de los radicales en una provincia y a las de los peronistas en otra, si van en contra de los productores. Y si no hay una contraparte en el gobierno, es porque el gobierno no quiere. ¡Que se dejen de jorobar con eso del partido agrario nacional! Somos y seremos entidades rurales”.
Al calor del verano
En medio de las altas temperaturas veraniegas, los movimientos de las partes se parecen a una partida de ajedrez, pero carente de sutilezas. Buzzi, en la entrevista citada, afirma que el campo no quiere confrontar con el gobierno, pero formula una advertencia inquietante: “(…) en tanto no exista negociación estamos peleando contra sombras, y esto habilita un nuevo conflicto. Mucha gente dice que la única manera para que se nos escuche es salir a hacer quilombo. Pero hay que ser muy cuidadoso: el desenlace no será bueno y hasta puede ser que aparezcan los muertos que pudimos evitar en el conflicto anterior. La gente sabe qué se juega, no volverá a la casa a cambio de nada. Hay que evitar el conflicto”. (El destacado es de Conexión Tecnológic@).
La advertencia es un reflejo de las tensiones que existen en el sector rural, porque había grupos de dirigentes radicalizados que querían nuevos cortes de rutas ya. Con la postergación a marzo de una decisión parecen haber triunfado, momentáneamente, los moderados.
El diario La Nación, en su crónica del miércoles sobre la reunión de la Comisión de Enlace, no cree que “no molestar a los turistas” sea la verdadera causa de la postergación, como dijeron algunos dirigentes. “Entre los ruralistas —dice el rotativo— prevalece la idea de que en dos meses habrá una explosión de reclamos sectoriales y salariales y que es mejor no adelantarse. Más aún en un año electoral en el que el agro espera poder jugar sus cartas.
“‘Cuando los empleados de los frigoríficos y de las fábricas de maquinaria vuelvan de las vacaciones van a empezar a recibir los telegramas de despido. Y el transporte de granos también tendrá menos trabajo por la menor cosecha y la resistencia de los chacareros a vender hasta que los precios no suban. El incremento de los peajes, de la electricidad y del transporte público hará el resto’, especulaba anoche un ruralista”.
Otros analistas argentinos también mencionan que los dirigentes agrarios tienen plena conciencia de que difícilmente una movilización que afecte el abastecimiento de alimentos a la población tenga el respaldo popular logrado el año pasado: la situación es diferente, la gente centra su interés en la crisis internacional y sus consecuencias locales, y los cortes de ruta no serían bien recibidos.
Las contradicciones también se extienden al gobierno, respecto al cual, desde hace varias semanas, se dice que está dividido entre “halcones” y “palomas”. Una de éstas sería el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien el 2 del corriente mes criticó las “desinteligencias” que hubo en el gobierno durante las negociaciones con los ruralistas, y destacó que el voto del vicepresidente Julio Cobos contra las retenciones aprobadas por el Poder Ejecutivo “descomprimió el conflicto”. Los rumores acerca de una próxima remoción de Massa se acentuaron tras estas declaraciones.
Mientras tanto, los “halcones”, a los que se les atribuye seguir fielmente las orientaciones del ex presidente Néstor Kirchner, también hacen su juego. Así, un incondicional del presidente consorte, Ricardo Echegaray, fue designado al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente argentino a la DGI uruguaya. Echegaray deja la presidencia de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), cargo desde el que tuvo severos enfrentamientos con los ruralistas. Según versiones periodísticas, la misión que Kirchner encomendó a Echegaray es controlar estrictamente si el sector agropecuario cumple con sus obligaciones impositivas.
En la entrevista mencionada, Buzzi sostuvo que la designación de Echegaray “es una reafirmación de la línea dura, y es darle más artillería al más eficaz ejecutor de las órdenes de Olivos. La ONCCA no te puede mandar en cana; la AFIP sí”.
Como queriendo irritar al campo con otro tema sensible, las restricciones que impone el gobierno a las exportaciones de carne, la ONCCA informó esta semana que en 2008 se autorizaron embarques por 846 mil toneladas.
De inmediato, Confederaciones Rurales Argentinas pidió a la ONCCA “no falsear la realidad”, puesto que las cifras de Aduanas y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria indican que las exportaciones de carne apenas llegaron a menos de la mitad: 400 mil toneladas.
Así planteadas las cosas, y salvando las distancias, el conflicto agrario argentino recuerda al problema entre israelíes y palestinos: no hay diálogo, y a una acción de una de las partes sigue la reacción de la otra.
Mientras tanto, el prestigioso técnico Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, se debate en la soledad y la ineficacia que le imponen la debilidad institucional de su cartera y el círculo más cercano al matrimonio K. Es un “paloma” con las alas cortadas.
Todo indica que el año que comienza brindará a Barsky y Dávila posibilidades de un nuevo éxito editorial.
Publicado por Blasina&Tardáguila Consultores Asociados 9/1/9
Blasina&Tardáguila Consultores Asociados
www.elagro.com
Por Carlos López Matteo
El martes, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Argentina postergó hasta marzo una decisión sobre el retorno a las rutas y la radicalización del conflicto que mantiene el agro de ese país con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
"Hemos sido ignorados por muchos funcionarios, pero especialmente por el matrimonio gobernante; el vicepresidente Julio Cobos no es recibido por ningún estamento por haber votado como lo hizo el 17 de julio. ¿Qué otra cosa que no sea vengarse está haciendo el gobierno?", dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, según el diario La Nación. "Hay un vacío inexplicable, nos sentimos discriminados e ignorados", sostuvo Alejandro Delfino, vicepresidente de la Sociedad Rural. "Tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos y vamos a seguir bregando por esa gran mesa de discusión y debate que se nos ha venido negando", remató el vicepresidente de la Federación Agraria, Pablo Orsolini.
La decisión descomprime por algunas semanas la posibilidad de que el diferendo vuelva alcanzar la intensidad que tuvo el año pasado, como querían los sectores más radicales del campo argentino, pero es una reiteración de que el problema no está resuelto, ni mucho menos.
Con una mirada uruguaya es difícil entender los extremos a los que se ha llegado en el vecino país, en particular por las diferentes vías institucionales que se manejan en ambas márgenes de los ríos limítrofes para zanjar las diferencias y llegar a acuerdos.
Para ayudar a entender el tema, tanto en las grandes urbes argentinas, alejadas de los problemas del campo, como en Uruguay, resulta muy útil un libro que tuvo muy buena acogida del otro lado del charco y que ahora comienza a venderse aquí. Se trata de La rebelión del campo, editado por Sudamericana, cuyos autores son Osvaldo Barsky y Mabel Dávila.
Barsky es magíster en sociología rural, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, docente de posgrados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y otras universidades argentinas, consultor de organismos internacionales y autor de numerosas publicaciones sobre el agro de su país y el latinoamericano. Dávila, por su parte, es una ingeniera agrónoma uruguaya radicada en Argentina, magíster en ciencias sociales con estudios en agronegocios, docente de posgrados en la FLACSO y otras universidades argentinas y extranjeras, y es autora de diversas obras sobre el comercio internacional agrícola, la tecnología y la educación agraria; además, integra el Área de Estudios Agrarios de la Universidad de Belgrano.
La rebelión del campo
El libro de Barsky y Dávila, por lejos el que mayor suceso ha tenido entre los tres que aparecieron en Argentina sobre este tema, tiene el gran mérito de su objetividad, pues va planteando el análisis en base a hechos indiscutibles, y las opiniones que se dan, en su justa medida, surgen sólidas e incontrastables del relato de esos mismos hechos. Además, los autores rechazan los radicalismos que se dieron por ambas partes y apuntan a la racionalidad y al diálogo; sin perjuicio de lo anterior, se deduce que responsabilizan en mayor medida al gobierno del matrimonio K, puesto que también son mayores su relevancia y su papel en la vida y el desarrollo del país.
En este sentido, en la Introducción se afirma: “Específicamente, en relación con la situación agraria, la responsabilidad esencial comienza por el rol del Estado y las políticas públicas, y por la imperiosa necesidad de construir gestiones institucionales de calidad técnica adecuada; pero las organizaciones agrarias de distinta naturaleza tienen un desafío enorme por transformar sus tradicionales políticas de resistencia a impuestos y reclamos fragmentarios y parciales, en aportes integrales que contemplen necesariamente los intereses del conjunto de la sociedad”. Y así como se critican las “provocaciones” del piquetero kirchnerista Luis D’Elía, también se censuran los “escraches” realizados por rurales ante los domicilios de legisladores oficialistas.
Pero para el lector que busque entender el conflicto en todas sus vertientes, el gran mérito de La rebelión del campo es la contextualización que brinda. La explicación de las grandes transformaciones que ha tenido el agro argentino, desde el siglo XIX en lo que se refiere a la institucionalidad, y en especial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el plano productivo, conduce ágilmente al lector a través de un proceso complejo que ofrece el casi permanente divorcio entre las autoridades y el campo. Así, hasta llegar a las grandes transformaciones estructurales de los últimos años: los avances tecnológicos, los nuevos actores (contratistas, pools de siembra, rentistas), la integración en todos los planos que se da entre los productores y los habitantes de ciudades y pueblos del interior, la heterogeneidad productiva, económica y social del agro, y las nuevas formas de asociación entre el capital y la tierra.
En este último plano, el libro rompe mitos que han sido usados por el gobierno y algunos intereses ideológicos, entre ellos el referido a la concentración de la propiedad de la tierra: con cifras de fuentes insospechadas, se demuestra que no es tal, sino que lo que ha ocurrido es una concentración de la producción a través de sistemas como el arrendamiento, la medianería o acuerdos con los contratistas de maquinarias, entre otras formas posibles.
Particularmente interesante e ilustrativo de las dificultades que tiene el agro para dialogar con el gobierno es el capítulo titulado “La soja no es un yuyo”. La oposición a la oleaginosa fue uno de los caballitos de batalla del matrimonio K durante el conflicto, y la presidenta, en uno de sus discursos, dijo textualmente el 31 de marzo de 2008: “El otro día charlaba con alguien y me decía que la soja es, en términos científicos, prácticamente un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales”.
Los autores refutan esta ligereza, hacen una historia del cultivo, reseñan los avances tecnológicos, sobre todo con los transgénicos y el glifosato, y desmienten, con datos concretos, que la expansión de la soja haya afectado significativamente otros cultivos y puesto en peligro el abastecimiento de alimentos al pueblo argentino.
En otros capítulos se explican la expansión productiva del agro pampeano, los sujetos sociales, los cambios en los mercados mundiales de alimentos, el tema de las retenciones que hizo eclosionar un conflicto latente desde tiempo atrás, el deterioro de la institucionalidad agraria oficial, los desafíos hacia el futuro, conclusiones y cuadros estadísticos.
Cabe destacar el capítulo dedicado a la cronología del conflicto, de marzo a julio del año pasado, que en La rebelión del campo difiere de las habituales, que sólo marcan fechas y un hecho concreto, en a lo sumo dos o tres líneas. En este caso, la cronología ocupa 92 páginas, porque casi día a día se mencionan los acontecimientos, pero también el contexto en el que se producen, las repercusiones a todo nivel y las reacciones de las partes. En este sentido, este capítulo constituye uno de los aspectos más interesantes de la obra, tanto por servir de ayuda memoria, como por el aporte que realiza a la comprensión del desarrollo del largo diferendo.
Lo que vendrá
Dávila, quien en estos días combina en Montevideo vacaciones con trabajo, dijo a Conexión Tecnológic@ que “el conflicto quedó latente, en medio de una situación muy compleja”. La ingeniera agrónoma uruguaya no se atreve a pronosticar un desenlace por la multiplicidad de factores que lo condicionan: el diálogo interrumpido, la crisis internacional que modificó sustancialmente la situación imperante entre marzo y julio, la sequía que también afecta a amplias zonas de Argentina, y el hecho de que 2009 sea un año de elecciones de mitad de período, entre los principales.
La experta mencionó las versiones que hablan de la formación de un partido rural o agrario, o de la posibilidad de que algunos líderes de las gremiales agropecuarias se presenten como candidatos a diputados con la intención de incidir en el Parlamento.
Al respecto, el 3 de este mes el diario Clarín le hizo una entrevista a Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria y uno de los rostros más visibles del conflicto. Lo siguiente es parte del diálogo entre el dirigente y el periodista:
“¿Así que podría ser candidato?
“No lo descarto pero tampoco lo afirmo. Sí puedo decir que voy a hacer todo lo posible para que haya gente de la Federación Agraria compitiendo en diferentes provincias. Nuestra responsabilidad es instalar en las opciones electorales los contenidos que pudimos sostener en las rutas. Hay que hablar del problema agropecuario y lograr que los diferentes partidos digan cómo lo van a resolver.
“¿Pero a usted siempre le picó el bichito de la política?
“Todo gremialista o sindicalista tiene vocación política. Todos venimos con una ideología y formación. Pero yo tengo un estricto y profundo sentido de pertenencia. Y no existo si no es por el gremio a que pertenezco. Buzzi no existe si no es por el apellido de casado: Buzzi, de Federación Agraria.
“¡Qué vueltero! ¿Entonces?
“Entonces no descarto una candidatura en 2009, pero no será una decisión individual. Si no hay consenso entre los federados, no seré candidato a nada. Me considero joven todavía para suicidarme. Y además hay que ver candidato con quién. No perdería la coherencia ideológica. Uno no puede ir de una cuneta a la otra. Y yo pertenezco al campo popular.
“La decisión de competir electoralmente, ¿tiene que ver con que las entidades del campo siguen sin diálogo con el Gobierno?
“No mezclemos las cosas. Cuando se oficialice alguna candidatura será ese ciudadano el que la asuma. Pero la Federación Agraria seguirá siendo una organización capaz de oponerse a las políticas de los radicales en una provincia y a las de los peronistas en otra, si van en contra de los productores. Y si no hay una contraparte en el gobierno, es porque el gobierno no quiere. ¡Que se dejen de jorobar con eso del partido agrario nacional! Somos y seremos entidades rurales”.
Al calor del verano
En medio de las altas temperaturas veraniegas, los movimientos de las partes se parecen a una partida de ajedrez, pero carente de sutilezas. Buzzi, en la entrevista citada, afirma que el campo no quiere confrontar con el gobierno, pero formula una advertencia inquietante: “(…) en tanto no exista negociación estamos peleando contra sombras, y esto habilita un nuevo conflicto. Mucha gente dice que la única manera para que se nos escuche es salir a hacer quilombo. Pero hay que ser muy cuidadoso: el desenlace no será bueno y hasta puede ser que aparezcan los muertos que pudimos evitar en el conflicto anterior. La gente sabe qué se juega, no volverá a la casa a cambio de nada. Hay que evitar el conflicto”. (El destacado es de Conexión Tecnológic@).
La advertencia es un reflejo de las tensiones que existen en el sector rural, porque había grupos de dirigentes radicalizados que querían nuevos cortes de rutas ya. Con la postergación a marzo de una decisión parecen haber triunfado, momentáneamente, los moderados.
El diario La Nación, en su crónica del miércoles sobre la reunión de la Comisión de Enlace, no cree que “no molestar a los turistas” sea la verdadera causa de la postergación, como dijeron algunos dirigentes. “Entre los ruralistas —dice el rotativo— prevalece la idea de que en dos meses habrá una explosión de reclamos sectoriales y salariales y que es mejor no adelantarse. Más aún en un año electoral en el que el agro espera poder jugar sus cartas.
“‘Cuando los empleados de los frigoríficos y de las fábricas de maquinaria vuelvan de las vacaciones van a empezar a recibir los telegramas de despido. Y el transporte de granos también tendrá menos trabajo por la menor cosecha y la resistencia de los chacareros a vender hasta que los precios no suban. El incremento de los peajes, de la electricidad y del transporte público hará el resto’, especulaba anoche un ruralista”.
Otros analistas argentinos también mencionan que los dirigentes agrarios tienen plena conciencia de que difícilmente una movilización que afecte el abastecimiento de alimentos a la población tenga el respaldo popular logrado el año pasado: la situación es diferente, la gente centra su interés en la crisis internacional y sus consecuencias locales, y los cortes de ruta no serían bien recibidos.
Las contradicciones también se extienden al gobierno, respecto al cual, desde hace varias semanas, se dice que está dividido entre “halcones” y “palomas”. Una de éstas sería el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien el 2 del corriente mes criticó las “desinteligencias” que hubo en el gobierno durante las negociaciones con los ruralistas, y destacó que el voto del vicepresidente Julio Cobos contra las retenciones aprobadas por el Poder Ejecutivo “descomprimió el conflicto”. Los rumores acerca de una próxima remoción de Massa se acentuaron tras estas declaraciones.
Mientras tanto, los “halcones”, a los que se les atribuye seguir fielmente las orientaciones del ex presidente Néstor Kirchner, también hacen su juego. Así, un incondicional del presidente consorte, Ricardo Echegaray, fue designado al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente argentino a la DGI uruguaya. Echegaray deja la presidencia de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), cargo desde el que tuvo severos enfrentamientos con los ruralistas. Según versiones periodísticas, la misión que Kirchner encomendó a Echegaray es controlar estrictamente si el sector agropecuario cumple con sus obligaciones impositivas.
En la entrevista mencionada, Buzzi sostuvo que la designación de Echegaray “es una reafirmación de la línea dura, y es darle más artillería al más eficaz ejecutor de las órdenes de Olivos. La ONCCA no te puede mandar en cana; la AFIP sí”.
Como queriendo irritar al campo con otro tema sensible, las restricciones que impone el gobierno a las exportaciones de carne, la ONCCA informó esta semana que en 2008 se autorizaron embarques por 846 mil toneladas.
De inmediato, Confederaciones Rurales Argentinas pidió a la ONCCA “no falsear la realidad”, puesto que las cifras de Aduanas y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria indican que las exportaciones de carne apenas llegaron a menos de la mitad: 400 mil toneladas.
Así planteadas las cosas, y salvando las distancias, el conflicto agrario argentino recuerda al problema entre israelíes y palestinos: no hay diálogo, y a una acción de una de las partes sigue la reacción de la otra.
Mientras tanto, el prestigioso técnico Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, se debate en la soledad y la ineficacia que le imponen la debilidad institucional de su cartera y el círculo más cercano al matrimonio K. Es un “paloma” con las alas cortadas.
Todo indica que el año que comienza brindará a Barsky y Dávila posibilidades de un nuevo éxito editorial.
Publicado por Blasina&Tardáguila Consultores Asociados 9/1/9
domingo, 28 de diciembre de 2008
Conflicto entre gobierno y agro está latente en Argentina
Pedro Silva
De la Redacción de El Observador
“Este no es el primer conflicto entre un gobierno argentino y el sector agropecuario pero por su duración y magnitud es considerado el más importante”, dijo a El Observador Agropecuario Mabel Dávila, una de las autoras de La rebelión del campo.
Agregó que “fueron cuatro meses de conflictividad que involucraron una gran movilización social en la que participaron amplios sectores de la sociedad argentina
históricamente ajenos a este tipo de problemas. Todo el conflicto agrario, pero en especial la primera etapa, se caracterizó por una gran confusión, desinformación
y un gran desconocimiento sobre las problemáticas agrarias”.
La sociedad se fue involucrando, “de manera tal que este conflicto tiene, entre otras consecuencias relevantes, la de darle una centralidad al sector agropecuario
y su problemática. Esta trascendencia genera una gran demanda de conocimiento de todos esos aspectos por parte del conjunto de la sociedad”, dijo Dávila.
La ingeniera agrónoma uruguaya Mabel Dávila, quien acaba de publicar junto a Osvaldo Barsky, magíster argentino en Sociología Rural, el libro La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino, dijo a El Observador Agropecuario que en la actualidad la situación en el vecino país “es realmente complicada, en particular para algunos sectores”. “La crisis financiera internacional y sus efectos, entre estos, la baja en los precios internacionales de las materias primas, a los que se suman los problemas climáticos y, en algunos productos, las restricciones a las exportaciones y los controles de precios, determinan un importante desestímulo a la producción”.
La rebelión del campo, un libro de 346 páginas editado por Sudamericana, que incluye cuadros estadísticos con la evolución de siembra, producción y precios, ya está a venta en Uruguay.
Dávila recordó que “la falta de un plan integral para el sector con políticas de estímulo para las distintas cadenas contribuyó al avance de la soja en Argentina. Esta falta de políticas agrarias tiene su explicación en un deterioro de la institucionalidad agraria, un papel cada vez más secundario de la Secretaría de Agricultura que va ocupando la Secretaría de Comercio Interior”.
La experta dijo que “uno de los fundamentos para el esquema de retenciones móviles fue que iba a detener la ‘sojización’”, pero advirtió que “no se puede hacer política
agraria exclusivamente a través de instrumentos de política económica. Se requieren estímulos a otras producciones, políticas agrarias basadas en estadísticas confiables, políticas comerciales que incentiven la producción, no que la distorsionen, políticas ambientales, política científica y tecnológica, políticas de desarrollo rural. Esto no se ha resuelto y determina, ante un contexto más complicado, que el conflicto esté latente”.
Por otra parte, Dávila remarcó que “hay una crisis en la producción de cereales por el efecto de los factores mencionados que hoy es reconocida por el gobierno que acaba
de implementar un paquete de medidas para estimular su producción. La próxima cosecha de trigo apenas llegaría a los 9 millones de toneladas y será la peor en más de una década, mientras que la soja ocupará una superficie récord con más de 17 millones de hectáreas”.
Agregó que “las medidas anunciadas por el gobierno, con el fin de atenuar los efectos de la crisis económica internacional, son consideradas insuficientes por los dirigentes agropecuarios. Después de unos meses de desmovilización social, el sector está promoviendo nuevas acciones. El año próximo las tensiones parecería que van a
continuar y probablemente se acentúen dado que es un año electoral, y el tema se ha vuelto central para la campaña”.
RESEÑA. Dávila recordó que “el conflicto agrario arrancó en marzo con la reglamentación de la Resolución 125 que establecía un nuevo esquema de retenciones –derechos de exportación– móviles a los principales granos y sus derivados por los siguientes cuatro años. Con la movilidad, las retenciones aumentarían al subir los precios de los granos y disminuirían cuando éstos bajaran”.
Agregó que “se manejaron varios argumentos para justificar este incremento, y el principal fue el importante aumento de los precios internacionales de los commodities
que permitía muy altos niveles de rentabilidad para los productores”.
Tras señalar que “apenas anunciada la Resolución 125, las entidades rurales se opusieron y llamaron a los productores a movilizarse”, dando inicio así a un conflicto que duró cuatro meses, Dávila recordó que “un aspecto que no consideró esta propuesta fue que los resultados económicos de las empresas no dependen exclusivamente del precio que recibe el productor sino que también inciden los costos. Y si bien, en ese caso para maíz, soja y girasol la mayoría de los costos se habían incurrido en la siembra en el último trimestre de 2007 y eran más que compensados con el aumento de los precios de los granos, se estaba planteando un esquema de retenciones por cuatro años, en un contexto en el que aumentaban los precios de los productos pero también los costos. Esto generaba un futuro de gran incertidumbre, dado que las alícuotas se ajustaban por precio de producto pero no por costos de producción”.
Por otra parte, “el esquema no se basó en un diagnóstico adecuado que considerara las diferencias entre productores. No todos tenían tan buenas rentabilidades, sino que depende de las condiciones de producción, la tecnología utilizada, el tipo de suelo, el tamaño del establecimiento, la gestión, la distancia y por lo tanto el costo del flete, entre otros varios aspectos. En medio del conflicto el gobierno fue estableciendo modificaciones al esquema inicial de retenciones móviles que tuvieron
en cuenta estos problemas y trataron de corregirlos”, acotó.
Y agregó que “otro problema lo planteaba el esquema de retenciones en sí mismo dado que tenían un piso de 23,5%, es decir, a precios mínimos tenían que pagar igual. Y
cuando los precios aumentaban el porcentaje de ese aumento que se quedaba el Estado era creciente”.
Dávila remarcó que “las retenciones son un instrumento fiscal y al mismo tiempo de desacople de los precios. Constituyen una vía para que el aumento de precios internacionales tenga menor repercusión sobre los precios internos, beneficiando así a los consumidores” y agregó que “ante el aumento de precios de los alimentos a principios de 2008 varios países instrumentaron medidas para contrarrestar
los efectos sobre sus mercados internos”.
El desarrollo del sector“Los cambios que experimentó el campo argentino no son recientes, sino que se originan varias décadas atrás”, dijo a El Observador Agropecuario Mabel Dávila.
“Desde la década de 1960 el desarrollo tecnológico en el agro viene promoviendo una serie de transformaciones a nivel productivo y social. Se fue generando una intensificación y expansión de la agricultura con un notable incremento de la producción de cereales y oleaginosas. En la década de 1980 promedió los 35 millones de toneladas, tuvo un crecimiento importante en 1990 superando los 64 millones de toneladas al final de esa década, y a partir de 2000 continúa el crecimiento, que en la última campaña superó los 96 millones de toneladas”, dijo. Si bien “la producción de carne no registra mayores avances desde la década de 1980, hay una gran expansión de la lechería”, acotó.
Publicado en El Observador Agropecuario 26/12/2008
De la Redacción de El Observador
“Este no es el primer conflicto entre un gobierno argentino y el sector agropecuario pero por su duración y magnitud es considerado el más importante”, dijo a El Observador Agropecuario Mabel Dávila, una de las autoras de La rebelión del campo.
Agregó que “fueron cuatro meses de conflictividad que involucraron una gran movilización social en la que participaron amplios sectores de la sociedad argentina
históricamente ajenos a este tipo de problemas. Todo el conflicto agrario, pero en especial la primera etapa, se caracterizó por una gran confusión, desinformación
y un gran desconocimiento sobre las problemáticas agrarias”.
La sociedad se fue involucrando, “de manera tal que este conflicto tiene, entre otras consecuencias relevantes, la de darle una centralidad al sector agropecuario
y su problemática. Esta trascendencia genera una gran demanda de conocimiento de todos esos aspectos por parte del conjunto de la sociedad”, dijo Dávila.
La ingeniera agrónoma uruguaya Mabel Dávila, quien acaba de publicar junto a Osvaldo Barsky, magíster argentino en Sociología Rural, el libro La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino, dijo a El Observador Agropecuario que en la actualidad la situación en el vecino país “es realmente complicada, en particular para algunos sectores”. “La crisis financiera internacional y sus efectos, entre estos, la baja en los precios internacionales de las materias primas, a los que se suman los problemas climáticos y, en algunos productos, las restricciones a las exportaciones y los controles de precios, determinan un importante desestímulo a la producción”.
La rebelión del campo, un libro de 346 páginas editado por Sudamericana, que incluye cuadros estadísticos con la evolución de siembra, producción y precios, ya está a venta en Uruguay.
Dávila recordó que “la falta de un plan integral para el sector con políticas de estímulo para las distintas cadenas contribuyó al avance de la soja en Argentina. Esta falta de políticas agrarias tiene su explicación en un deterioro de la institucionalidad agraria, un papel cada vez más secundario de la Secretaría de Agricultura que va ocupando la Secretaría de Comercio Interior”.
La experta dijo que “uno de los fundamentos para el esquema de retenciones móviles fue que iba a detener la ‘sojización’”, pero advirtió que “no se puede hacer política
agraria exclusivamente a través de instrumentos de política económica. Se requieren estímulos a otras producciones, políticas agrarias basadas en estadísticas confiables, políticas comerciales que incentiven la producción, no que la distorsionen, políticas ambientales, política científica y tecnológica, políticas de desarrollo rural. Esto no se ha resuelto y determina, ante un contexto más complicado, que el conflicto esté latente”.
Por otra parte, Dávila remarcó que “hay una crisis en la producción de cereales por el efecto de los factores mencionados que hoy es reconocida por el gobierno que acaba
de implementar un paquete de medidas para estimular su producción. La próxima cosecha de trigo apenas llegaría a los 9 millones de toneladas y será la peor en más de una década, mientras que la soja ocupará una superficie récord con más de 17 millones de hectáreas”.
Agregó que “las medidas anunciadas por el gobierno, con el fin de atenuar los efectos de la crisis económica internacional, son consideradas insuficientes por los dirigentes agropecuarios. Después de unos meses de desmovilización social, el sector está promoviendo nuevas acciones. El año próximo las tensiones parecería que van a
continuar y probablemente se acentúen dado que es un año electoral, y el tema se ha vuelto central para la campaña”.
RESEÑA. Dávila recordó que “el conflicto agrario arrancó en marzo con la reglamentación de la Resolución 125 que establecía un nuevo esquema de retenciones –derechos de exportación– móviles a los principales granos y sus derivados por los siguientes cuatro años. Con la movilidad, las retenciones aumentarían al subir los precios de los granos y disminuirían cuando éstos bajaran”.
Agregó que “se manejaron varios argumentos para justificar este incremento, y el principal fue el importante aumento de los precios internacionales de los commodities
que permitía muy altos niveles de rentabilidad para los productores”.
Tras señalar que “apenas anunciada la Resolución 125, las entidades rurales se opusieron y llamaron a los productores a movilizarse”, dando inicio así a un conflicto que duró cuatro meses, Dávila recordó que “un aspecto que no consideró esta propuesta fue que los resultados económicos de las empresas no dependen exclusivamente del precio que recibe el productor sino que también inciden los costos. Y si bien, en ese caso para maíz, soja y girasol la mayoría de los costos se habían incurrido en la siembra en el último trimestre de 2007 y eran más que compensados con el aumento de los precios de los granos, se estaba planteando un esquema de retenciones por cuatro años, en un contexto en el que aumentaban los precios de los productos pero también los costos. Esto generaba un futuro de gran incertidumbre, dado que las alícuotas se ajustaban por precio de producto pero no por costos de producción”.
Por otra parte, “el esquema no se basó en un diagnóstico adecuado que considerara las diferencias entre productores. No todos tenían tan buenas rentabilidades, sino que depende de las condiciones de producción, la tecnología utilizada, el tipo de suelo, el tamaño del establecimiento, la gestión, la distancia y por lo tanto el costo del flete, entre otros varios aspectos. En medio del conflicto el gobierno fue estableciendo modificaciones al esquema inicial de retenciones móviles que tuvieron
en cuenta estos problemas y trataron de corregirlos”, acotó.
Y agregó que “otro problema lo planteaba el esquema de retenciones en sí mismo dado que tenían un piso de 23,5%, es decir, a precios mínimos tenían que pagar igual. Y
cuando los precios aumentaban el porcentaje de ese aumento que se quedaba el Estado era creciente”.
Dávila remarcó que “las retenciones son un instrumento fiscal y al mismo tiempo de desacople de los precios. Constituyen una vía para que el aumento de precios internacionales tenga menor repercusión sobre los precios internos, beneficiando así a los consumidores” y agregó que “ante el aumento de precios de los alimentos a principios de 2008 varios países instrumentaron medidas para contrarrestar
los efectos sobre sus mercados internos”.
El desarrollo del sector“Los cambios que experimentó el campo argentino no son recientes, sino que se originan varias décadas atrás”, dijo a El Observador Agropecuario Mabel Dávila.
“Desde la década de 1960 el desarrollo tecnológico en el agro viene promoviendo una serie de transformaciones a nivel productivo y social. Se fue generando una intensificación y expansión de la agricultura con un notable incremento de la producción de cereales y oleaginosas. En la década de 1980 promedió los 35 millones de toneladas, tuvo un crecimiento importante en 1990 superando los 64 millones de toneladas al final de esa década, y a partir de 2000 continúa el crecimiento, que en la última campaña superó los 96 millones de toneladas”, dijo. Si bien “la producción de carne no registra mayores avances desde la década de 1980, hay una gran expansión de la lechería”, acotó.
Publicado en El Observador Agropecuario 26/12/2008
domingo, 12 de octubre de 2008
Una historia candente
En La rebelión del campo, dos reconocidos estudiosos analizan los cambios estructurales que se produjeron en el sector agrario durante las últimas décadas con el fin de comprender, desde esa perspectiva, el enfrentamiento entre productores y el Gobierno.
Por Ana María Vara
Para LA NACION
La rebelión del campo
Por Osvaldo Barsky y Mabel Dávila
Sudamericana/346 páginas/$ 45
"Y de golpe todo cambió." Las palabras que abren el libro de Osvaldo Barsky y Mabel Dávila sobre el reciente conflicto entre el gobierno y una parte importante de los productores agrarios tienen la retórica sencilla y contundente que caracterizará toda la obra. Las preguntas surgen inmediatamente: ¿cómo fue posible que se desatara una confrontación de tal magnitud? ¿Qué razones profundas movilizaron a chacareros cercanos a la Federación Agraria, codo a codo con ganaderos de la Sociedad Rural? ¿Por qué tantos argumentos alrededor de la soja?
La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino es un valioso aporte para comprender el enfrentamiento desde la perspectiva del sector agrario. No es un libro partidario ni reivindicativo, sin embargo. Los autores -reconocidos estudiosos de la historia del campo argentino- proponen una línea explicativa: los cambios estructurales que se produjeron en el sector en las últimas décadas. Para otros quedan, como ellos mismos admiten, los análisis sobre el peronismo y sus discursos, los piqueteros o la clase media urbana que se sumó a la protesta.
El primer capítulo cuenta el proceso de expansión agrícola, que comenzó en los años sesenta, según Barsky y Dávila, gracias a "transformaciones productivas y tecnológicas" que se acentuarían en las décadas siguientes. En esto polemizan con otros autores, que destacan el crecimiento de la década del noventa. A ellos responden que el acelerado aumento de la producción del sector en los últimos años se basó en las mejoras previas y se acentuó por el incremento de los precios internacionales de los cereales y oleaginosas. Así, la producción de unas 35 millones de toneladas anuales promedio de los años ochenta se transformó en números que hoy arañan los 100 millones.
Con humor, el capítulo segundo fue titulado "La soja no es un yuyo". Para los lectores poco familiarizados con el tema, será quizás el más interesante. Cuenta cómo la pampa de las vacas y el trigo se transformó en la pampa de la soja transgénica, fenómeno que desbordó a otras regiones del país. Su relato comienza con los primeros intentos fallidos por introducir la soja en el siglo XIX, pasando por los expertos que la impulsaron a mediados del XX, y las circunstancias externas que favorecieron su adopción: sobre todo, la caída en la producción de la anchoveta peruana, que dejó al mercado sin su fuente principal de alimento balanceado. La soja creció, entonces, particularmente como forraje para exportación. Enseguida se refieren a la perfecta combinación de las técnicas de siembra directa, incorporadas en la década del setenta para proteger los suelos deteriorados por el arado, con la soja tolerante a glifosato, desarrollada por la multinacional Monsanto e introducida en 1996.
Los autores analizan luego las acusaciones más importantes contra la expansión masiva de este cultivo, que desde hace algunos años representa casi la mitad de la superficie cultivada del país: si es cierto que produce deforestación, si agota los nutrientes del suelo, si genera desempleo, si supone la falta de otros alimentos de la canasta alimenticia. Su discusión es rigurosa y bien fundamentada, pero curiosamente dice poco de un trasfondo muy contencioso: la polémica internacional sobre transgénicos, una de las tecnologías más resistidas del presente. Entre otras razones, porque involucra desarrollos de multinacionales, a diferencia de la primera revolución verde, promovida desde organismos públicos nacionales e internacionales.
En el capítulo tercero, sobre los actores del campo, se destaca el análisis de los pools de siembra, una modalidad de organización que ve en el campo una opción más de inversión y que ciertamente estuvo en el centro del debate. A continuación, se responde una pregunta clave: ¿por qué se produjo ahora el enfrentamiento? El detonante está afuera: el gran aumento del precio de las commodities agrícolas, que "provocó una fuerte disputa entre el gobierno y los sectores agropecuarios por el destino de esas rentas excepcionales". Los motores detrás de la suba: el crecimiento del consumo en China e India; el interés por los biocombustibles; el aumento del petróleo; la crisis financiera internacional, que convirtió a las materias primas en objeto de especulación.
Los últimos tres capítulos presentan un esbozo de propuesta por parte de los autores. Se refieren a las retenciones y analizan su introducción pasada y presente. Concluyen que "los derechos de exportación no permiten distinguir entre los distintos tipos de productores, por eso afectan más a los de menor escala". En ese sentido, advierten que "si no se establecen diferencias, se promueve la concentración". También consideran el problema del alto precio de la tierra en la actualidad, una "excesiva valorización" que tiene efectos "muy negativos" sobre la producción de alimentos. Entre las soluciones, Barsky y Dávila proponen una jerarquización de la Secretaría de Agricultura como parte de una reforzada "institucionalidad agraria", que debe incluir a otras dependencias, como el Indec y el complejo científico-tecnológico. En este sentido, sostienen que la investigación en instituciones públicas como el INTA, el Conicet o las universidades "resulta estratégica para generar desarrollo rural".
A contrapelo de las recetas neoliberales, sus propuestas piden más planificación, más Estado: en diálogo, con condiciones, pero más Estado. Aunque no hacen un énfasis especial sobre el punto, es lo que hacen los países centrales. En esta materia y en muchas otras, como muestran los sucesivos rescates que fue realizando el gobierno de Estados Unidos en respuesta a la presente crisis financiera.
El impacto del tsunami de los precios agrícolas, que disparó el conflicto agrario, impone, sin embargo, considerar si la dimensión del Estado argentino es suficiente para responder a las oportunidades y amenazas de la globalización, o si debería pensarse en acuerdos regionales, o aun mayores, como fue la respuesta del G-20 ante la Ronda de Doha.
En síntesis, Barsky y Dávila sientan las bases para varias discusiones importantes que aún están pendientes.
Publicado en La Nación 11/10/2008
Por Ana María Vara
Para LA NACION
La rebelión del campo
Por Osvaldo Barsky y Mabel Dávila
Sudamericana/346 páginas/$ 45
"Y de golpe todo cambió." Las palabras que abren el libro de Osvaldo Barsky y Mabel Dávila sobre el reciente conflicto entre el gobierno y una parte importante de los productores agrarios tienen la retórica sencilla y contundente que caracterizará toda la obra. Las preguntas surgen inmediatamente: ¿cómo fue posible que se desatara una confrontación de tal magnitud? ¿Qué razones profundas movilizaron a chacareros cercanos a la Federación Agraria, codo a codo con ganaderos de la Sociedad Rural? ¿Por qué tantos argumentos alrededor de la soja?
La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino es un valioso aporte para comprender el enfrentamiento desde la perspectiva del sector agrario. No es un libro partidario ni reivindicativo, sin embargo. Los autores -reconocidos estudiosos de la historia del campo argentino- proponen una línea explicativa: los cambios estructurales que se produjeron en el sector en las últimas décadas. Para otros quedan, como ellos mismos admiten, los análisis sobre el peronismo y sus discursos, los piqueteros o la clase media urbana que se sumó a la protesta.
El primer capítulo cuenta el proceso de expansión agrícola, que comenzó en los años sesenta, según Barsky y Dávila, gracias a "transformaciones productivas y tecnológicas" que se acentuarían en las décadas siguientes. En esto polemizan con otros autores, que destacan el crecimiento de la década del noventa. A ellos responden que el acelerado aumento de la producción del sector en los últimos años se basó en las mejoras previas y se acentuó por el incremento de los precios internacionales de los cereales y oleaginosas. Así, la producción de unas 35 millones de toneladas anuales promedio de los años ochenta se transformó en números que hoy arañan los 100 millones.
Con humor, el capítulo segundo fue titulado "La soja no es un yuyo". Para los lectores poco familiarizados con el tema, será quizás el más interesante. Cuenta cómo la pampa de las vacas y el trigo se transformó en la pampa de la soja transgénica, fenómeno que desbordó a otras regiones del país. Su relato comienza con los primeros intentos fallidos por introducir la soja en el siglo XIX, pasando por los expertos que la impulsaron a mediados del XX, y las circunstancias externas que favorecieron su adopción: sobre todo, la caída en la producción de la anchoveta peruana, que dejó al mercado sin su fuente principal de alimento balanceado. La soja creció, entonces, particularmente como forraje para exportación. Enseguida se refieren a la perfecta combinación de las técnicas de siembra directa, incorporadas en la década del setenta para proteger los suelos deteriorados por el arado, con la soja tolerante a glifosato, desarrollada por la multinacional Monsanto e introducida en 1996.
Los autores analizan luego las acusaciones más importantes contra la expansión masiva de este cultivo, que desde hace algunos años representa casi la mitad de la superficie cultivada del país: si es cierto que produce deforestación, si agota los nutrientes del suelo, si genera desempleo, si supone la falta de otros alimentos de la canasta alimenticia. Su discusión es rigurosa y bien fundamentada, pero curiosamente dice poco de un trasfondo muy contencioso: la polémica internacional sobre transgénicos, una de las tecnologías más resistidas del presente. Entre otras razones, porque involucra desarrollos de multinacionales, a diferencia de la primera revolución verde, promovida desde organismos públicos nacionales e internacionales.
En el capítulo tercero, sobre los actores del campo, se destaca el análisis de los pools de siembra, una modalidad de organización que ve en el campo una opción más de inversión y que ciertamente estuvo en el centro del debate. A continuación, se responde una pregunta clave: ¿por qué se produjo ahora el enfrentamiento? El detonante está afuera: el gran aumento del precio de las commodities agrícolas, que "provocó una fuerte disputa entre el gobierno y los sectores agropecuarios por el destino de esas rentas excepcionales". Los motores detrás de la suba: el crecimiento del consumo en China e India; el interés por los biocombustibles; el aumento del petróleo; la crisis financiera internacional, que convirtió a las materias primas en objeto de especulación.
Los últimos tres capítulos presentan un esbozo de propuesta por parte de los autores. Se refieren a las retenciones y analizan su introducción pasada y presente. Concluyen que "los derechos de exportación no permiten distinguir entre los distintos tipos de productores, por eso afectan más a los de menor escala". En ese sentido, advierten que "si no se establecen diferencias, se promueve la concentración". También consideran el problema del alto precio de la tierra en la actualidad, una "excesiva valorización" que tiene efectos "muy negativos" sobre la producción de alimentos. Entre las soluciones, Barsky y Dávila proponen una jerarquización de la Secretaría de Agricultura como parte de una reforzada "institucionalidad agraria", que debe incluir a otras dependencias, como el Indec y el complejo científico-tecnológico. En este sentido, sostienen que la investigación en instituciones públicas como el INTA, el Conicet o las universidades "resulta estratégica para generar desarrollo rural".
A contrapelo de las recetas neoliberales, sus propuestas piden más planificación, más Estado: en diálogo, con condiciones, pero más Estado. Aunque no hacen un énfasis especial sobre el punto, es lo que hacen los países centrales. En esta materia y en muchas otras, como muestran los sucesivos rescates que fue realizando el gobierno de Estados Unidos en respuesta a la presente crisis financiera.
El impacto del tsunami de los precios agrícolas, que disparó el conflicto agrario, impone, sin embargo, considerar si la dimensión del Estado argentino es suficiente para responder a las oportunidades y amenazas de la globalización, o si debería pensarse en acuerdos regionales, o aun mayores, como fue la respuesta del G-20 ante la Ronda de Doha.
En síntesis, Barsky y Dávila sientan las bases para varias discusiones importantes que aún están pendientes.
Publicado en La Nación 11/10/2008
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