domingo, 28 de diciembre de 2008

Conflicto entre gobierno y agro está latente en Argentina

Pedro Silva
De la Redacción de El Observador

“Este no es el primer conflicto entre un gobierno argentino y el sector agropecuario pero por su duración y magnitud es considerado el más importante”, dijo a El Observador Agropecuario Mabel Dávila, una de las autoras de La rebelión del campo.
Agregó que “fueron cuatro meses de conflictividad que involucraron una gran movilización social en la que participaron amplios sectores de la sociedad argentina
históricamente ajenos a este tipo de problemas. Todo el conflicto agrario, pero en especial la primera etapa, se caracterizó por una gran confusión, desinformación
y un gran desconocimiento sobre las problemáticas agrarias”.

La sociedad se fue involucrando, “de manera tal que este conflicto tiene, entre otras consecuencias relevantes, la de darle una centralidad al sector agropecuario
y su problemática. Esta trascendencia genera una gran demanda de conocimiento de todos esos aspectos por parte del conjunto de la sociedad”, dijo Dávila.

La ingeniera agrónoma uruguaya Mabel Dávila, quien acaba de publicar junto a Osvaldo Barsky, magíster argentino en Sociología Rural, el libro La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino, dijo a El Observador Agropecuario que en la actualidad la situación en el vecino país “es realmente complicada, en particular para algunos sectores”. “La crisis financiera internacional y sus efectos, entre estos, la baja en los precios internacionales de las materias primas, a los que se suman los problemas climáticos y, en algunos productos, las restricciones a las exportaciones y los controles de precios, determinan un importante desestímulo a la producción”.

La rebelión del campo, un libro de 346 páginas editado por Sudamericana, que incluye cuadros estadísticos con la evolución de siembra, producción y precios, ya está a venta en Uruguay.

Dávila recordó que “la falta de un plan integral para el sector con políticas de estímulo para las distintas cadenas contribuyó al avance de la soja en Argentina. Esta falta de políticas agrarias tiene su explicación en un deterioro de la institucionalidad agraria, un papel cada vez más secundario de la Secretaría de Agricultura que va ocupando la Secretaría de Comercio Interior”.

La experta dijo que “uno de los fundamentos para el esquema de retenciones móviles fue que iba a detener la ‘sojización’”, pero advirtió que “no se puede hacer política
agraria exclusivamente a través de instrumentos de política económica. Se requieren estímulos a otras producciones, políticas agrarias basadas en estadísticas confiables, políticas comerciales que incentiven la producción, no que la distorsionen, políticas ambientales, política científica y tecnológica, políticas de desarrollo rural. Esto no se ha resuelto y determina, ante un contexto más complicado, que el conflicto esté latente”.

Por otra parte, Dávila remarcó que “hay una crisis en la producción de cereales por el efecto de los factores mencionados que hoy es reconocida por el gobierno que acaba
de implementar un paquete de medidas para estimular su producción. La próxima cosecha de trigo apenas llegaría a los 9 millones de toneladas y será la peor en más de una década, mientras que la soja ocupará una superficie récord con más de 17 millones de hectáreas”.

Agregó que “las medidas anunciadas por el gobierno, con el fin de atenuar los efectos de la crisis económica internacional, son consideradas insuficientes por los dirigentes agropecuarios. Después de unos meses de desmovilización social, el sector está promoviendo nuevas acciones. El año próximo las tensiones parecería que van a
continuar y probablemente se acentúen dado que es un año electoral, y el tema se ha vuelto central para la campaña”.

RESEÑA. Dávila recordó que “el conflicto agrario arrancó en marzo con la reglamentación de la Resolución 125 que establecía un nuevo esquema de retenciones –derechos de exportación– móviles a los principales granos y sus derivados por los siguientes cuatro años. Con la movilidad, las retenciones aumentarían al subir los precios de los granos y disminuirían cuando éstos bajaran”.
Agregó que “se manejaron varios argumentos para justificar este incremento, y el principal fue el importante aumento de los precios internacionales de los commodities
que permitía muy altos niveles de rentabilidad para los productores”.

Tras señalar que “apenas anunciada la Resolución 125, las entidades rurales se opusieron y llamaron a los productores a movilizarse”, dando inicio así a un conflicto que duró cuatro meses, Dávila recordó que “un aspecto que no consideró esta propuesta fue que los resultados económicos de las empresas no dependen exclusivamente del precio que recibe el productor sino que también inciden los costos. Y si bien, en ese caso para maíz, soja y girasol la mayoría de los costos se habían incurrido en la siembra en el último trimestre de 2007 y eran más que compensados con el aumento de los precios de los granos, se estaba planteando un esquema de retenciones por cuatro años, en un contexto en el que aumentaban los precios de los productos pero también los costos. Esto generaba un futuro de gran incertidumbre, dado que las alícuotas se ajustaban por precio de producto pero no por costos de producción”.

Por otra parte, “el esquema no se basó en un diagnóstico adecuado que considerara las diferencias entre productores. No todos tenían tan buenas rentabilidades, sino que depende de las condiciones de producción, la tecnología utilizada, el tipo de suelo, el tamaño del establecimiento, la gestión, la distancia y por lo tanto el costo del flete, entre otros varios aspectos. En medio del conflicto el gobierno fue estableciendo modificaciones al esquema inicial de retenciones móviles que tuvieron
en cuenta estos problemas y trataron de corregirlos”, acotó.

Y agregó que “otro problema lo planteaba el esquema de retenciones en sí mismo dado que tenían un piso de 23,5%, es decir, a precios mínimos tenían que pagar igual. Y
cuando los precios aumentaban el porcentaje de ese aumento que se quedaba el Estado era creciente”.

Dávila remarcó que “las retenciones son un instrumento fiscal y al mismo tiempo de desacople de los precios. Constituyen una vía para que el aumento de precios internacionales tenga menor repercusión sobre los precios internos, beneficiando así a los consumidores” y agregó que “ante el aumento de precios de los alimentos a principios de 2008 varios países instrumentaron medidas para contrarrestar
los efectos sobre sus mercados internos”.

El desarrollo del sector“Los cambios que experimentó el campo argentino no son recientes, sino que se originan varias décadas atrás”, dijo a El Observador Agropecuario Mabel Dávila.

“Desde la década de 1960 el desarrollo tecnológico en el agro viene promoviendo una serie de transformaciones a nivel productivo y social. Se fue generando una intensificación y expansión de la agricultura con un notable incremento de la producción de cereales y oleaginosas. En la década de 1980 promedió los 35 millones de toneladas, tuvo un crecimiento importante en 1990 superando los 64 millones de toneladas al final de esa década, y a partir de 2000 continúa el crecimiento, que en la última campaña superó los 96 millones de toneladas”, dijo. Si bien “la producción de carne no registra mayores avances desde la década de 1980, hay una gran expansión de la lechería”, acotó.


Publicado en El Observador Agropecuario 26/12/2008
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